Seguramente la mayoría de los chilenos nos hemos preguntado qué pasa realmente por la mente de nuestros líderes políticos y de sus asesores más cercanos. Sus decisiones tienen el poder de afectarnos a todos, de impactar profundamente la vida de millones de personas. Una vez que esa pregunta empieza a rondar tu cabeza, no se va fácilmente. Y lo que encontramos cuando la respondemos con honestidad es profundamente revelador.
Para entender la política moderna en Chile necesitamos algo que nos cuesta mucho: desprendernos del romanticismo. Ver con claridad, sin el filtro de lo que queremos creer. Cuando logramos hacerlo, aparece un patrón que lo explica casi todo: la relación entre el poder y el dinero.
En la mente del político, del legislador, del juez y del fiscal que opera dentro de este sistema, el poder y el dinero no son metas aisladas. Son las dos caras de una misma moneda que se retroalimentan sin descanso. Cada uno ocupa un rol distinto, pero todos comparten el mismo interés: preservar el acceso a las esferas de influencia, privilegio y riqueza que sus cargos les otorgan. El político diseña las reglas; el legislador las aprueba; el juez las interpreta; el fiscal decide a quién perseguir y a quién ignorar. Juntos conforman un ecosistema donde el control del Estado abre automáticamente las puertas a los favores económicos, las redes de influencia y la perpetuación del poder. Uno no existe sin el otro. Nunca.
Esta dinámica no es casual: es un sistema consolidado y rígido. El beneficio mutuo se convierte en la verdadera prioridad, desplazando el bienestar de todos nosotros a un lugar irrelevante —si es que alguna vez estuvo en la lista, con excepción de las promesas de campaña electoral. La gestión pública, la labor legislativa y la función judicial dejan así de ser servicios a las personas y se transforman en negocios de alta rentabilidad. Nosotros, los ciudadanos, terminamos siendo el cliente permanentemente engañado.
Cuando este sistema miente, no lo hace por descuido ni por un error de comunicación. Detrás de cada promesa rota, de cada ley conveniente y de cada causa archivada hay un diseño, un sistema que se perpetúa y profundiza. Políticos, asesores, legisladores, jueces y fiscales estudian nuestras debilidades emocionales, nuestros miedos y nuestras esperanzas con una precisión sorprendente. Saben exactamente qué fibra tocar para desviar nuestra atención y mantenernos enredados en cuestiones superficiales, debates estériles o en la interminable danza de culpas y ataques cruzados. Nos venden narrativas de salvación mientras, tras bambalinas, consolidan su posición y su dinero. No es incompetencia. Es estrategia.
Pero el relato y la manipulación emocional no siempre son suficientes. Cuando la ciudadanía despierta y las preguntas incómodas se vuelven demasiado ruidosas, el sistema activa sus mecanismos de defensa más duros. Y aquí es donde la complicidad entre sus distintos actores se vuelve más evidente y más peligrosa.
La justicia, que debería ser ciega e independiente, con frecuencia termina siendo selectiva. Jueces y fiscales pueden convertirse en piezas clave del engranaje: persiguiendo a quienes incomodan al poder, archivando causas que comprometen a sus aliados, dilatando procesos durante años hasta que el interés público se disipa. Los legisladores, por su parte, diseñan y modifican las leyes con una flexibilidad que resulta sospechosa: endurecen las normas cuando conviene disciplinar a la ciudadanía y las suavizan cuando se trata de proteger a quienes forman parte del sistema. No es necesario condenar a nadie para destruirlo; basta con mantenerlo bajo investigación indefinida, expuesto al escarnio público y al agotamiento económico. El poder penal, en manos de este ecosistema, no busca justicia. Busca silencio.
A esto se suman las regulaciones arbitrarias, ese laberinto burocrático que el poder diseña y rediseña según su conveniencia. Permisos que se otorgan o se niegan según la lealtad política, normativas que asfixian a quienes cuestionan y se flexibilizan para quienes colaboran, fiscalizaciones que aparecen o desaparecen dependiendo de a quién se investiga. La regulación deja de ser una herramienta de orden social y se convierte en un arma de disciplinamiento selectivo. El mensaje implícito es siempre el mismo: quien no juega según las reglas del sistema, paga las consecuencias.
Y cuando todo lo anterior falla, cuando el relato se agota y la regulación no alcanza, aparece la fuerza. Las Fuerzas del Orden, que deberían proteger a los ciudadanos, pueden ser desplegadas para proteger al sistema. Lo vimos con dolorosa claridad en el estallido social de 2019: mientras unos exigían dignidad en las calles, el aparato del Estado respondió con una violencia que dejó cientos de personas con lesiones graves, heridos y detenidos. La fuerza no se usó para restablecer el orden. Se usó para recordarnos quién manda.
Este triángulo —justicia selectiva, regulación arbitraria y fuerza— es el escudo invisible detrás del cual el poder y el dinero operan con relativa tranquilidad. No es un fenómeno exclusivamente chileno, pero en Chile tiene nombres, fechas y víctimas concretas que no deberíamos olvidar.
La buena noticia es que existe una salida, y está al alcance de todos. En el momento en que dejamos de escuchar los discursos políticos desde la emoción que nos generan y empezamos a preguntarnos "¿quién gana poder y quién gana dinero con esto?", el truco de magia se rompe. Así de simple. Así de poderoso.
La próxima vez que escuches una verdad a medias, una promesa deslumbrante o una persecución judicial que huele a conveniencia, recuerda que no estás ante líderes despistados ni jueces independientes actuando en solitario. Estás frente a un sistema perfectamente calculador que sabe exactamente cómo persuadirte, cómo regularte y, si es necesario, cómo someterte. No hay ingenuidad ahí —hay cálculo. Y reconocerlo no es volverse cínico. Es, hoy más que nunca, el acto más inteligente y valiente que podemos hacer como sociedad.
Psicólogo J. Abraham Salazar Correa
www.suterapia.cl
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